Llegan las elecciones. En la pantalla, los primeros lugares de las encuestas: un sentenciado por corrupción, un plagiador de tesis, un congresista que no sabía para qué existía el banco central de su país, otro cuestionado por tráfico de influencias. No son los candidatos marginales. Son los punteros. Los que tienen más opciones de ganar.
Lo curioso no es que estén. Es que ya nadie se sorprende.
El sistema no falló. Funcionó exactamente como está diseñado: sin filtro, sin criterio mínimo, sin nadie que revise si quien pide gobernar un país cumple condiciones básicas para hacerlo.
Es una inconsistencia extraña. La tecnología actual permite cruzar millones de datos en segundos para decisiones cotidianas. Un banco evalúa el historial crediticio, los ingresos declarados y el comportamiento financiero de alguien antes de prestarle dinero. Una plataforma de streaming sabe qué película recomendar según lo que viste el martes pasado. Un algoritmo detecta patrones de fraude antes de que el titular de la tarjeta note el cargo. Todo eso funciona, y ha traído beneficios concretos y medibles para millones de personas.
Y entonces uno se pregunta. ¿Qué pasaría si algo parecido se aplicara a decisiones institucionales?
La información existe. Es pública. Un candidato con sentencia ya resuelta por la justicia. Otro que promete construir un millón de viviendas en un año en un país que construye formalmente unas 42,000. Uno que votó durante años en contra de lo que hoy promete defender. Esos son los casos fáciles. Luego están los otros: el que no recuerda el presupuesto del sector que quiere dirigir, el que tiene vínculos cuestionables sin condena firme, el que cambia de postura según el auditorio. No son descarte automático. Son señales. Y las señales también dicen algo.
¿Y si una inteligencia artificial pudiera analizar toda esa información de forma sistemática e institucional? No como lo hacen ya algunos usuarios por curiosidad, sino como parte formal del proceso electoral. ¿Y si pudiera simplemente deletearlos antes de que lleguen a la lista?
Las consecuencias podrían ser significativas. Candidatos con causas judiciales activas quizás dejarían de llegar a la presidencia o al congreso. Propuestas económicamente imposibles podrían no llegar al debate público como si fueran viables. Y los costos de los gobiernos incompetentes o corruptos, concretos y medibles en calidad de vida, podrían reducirse antes de que ocurran.
Pero la otra cara tampoco es clara. Alguien tendría que definir los criterios, y esa decisión es profundamente política. En una región con historia de persecución a opositores, un filtro mal usado podría eliminar candidatos legítimos con procesos judiciales fabricados. La IA no distinguiría entre una condena real y una condena fabricada.
Y ningún algoritmo es neutral. Reflejaría los valores y los sesgos de quienes lo diseñaron. Un criterio que parece objetivo podría no serlo en absoluto.
Aunque hay una respuesta parcial. Los criterios no tendrían que ser secretos ni arbitrarios. Podrían ser públicos, debatidos y aprobados colectivamente: ningún candidato con sentencia firme por corrupción, ninguna propuesta matemáticamente inviable según los propios datos oficiales del país, ningún historial que muestre un patrón sistemático de incompatibilidad entre el discurso y la acción documentada. Son mínimos. El tipo de mínimos que cualquier ciudadano razonable firmaría sin dudar demasiado. Aunque también ahí, alguien tendría que decidir quién redacta la lista.
En retrospectiva, vale preguntarse si algo así hubiera cambiado algo. ¿Cuántos de los gobiernos que hoy generan consenso sobre su fracaso hubieran pasado ese filtro? ¿Cuántos llegaron con señales que ya estaban ahí, documentadas, públicas, ignoradas?
Y la pregunta no se detiene en las elecciones. En otros ámbitos algo parecido ya ocurre. Colombia tiene un sistema de inteligencia artificial para detectar contratos públicos con alto riesgo de corrupción antes de que se firmen. Brasil usa herramientas que escanean licitaciones del Estado en tiempo real buscando patrones irregulares. Un bot brasileño analizó los gastos de más de quinientos diputados federales y encontró irregularidades en casi la mitad. Nadie lo había cruzado antes. El sistema sí.
Las formas en que podría aplicarse a las elecciones no son obvias. Una posibilidad es que el sistema no descarte sino que informe: un reporte público que cruce historial judicial, declaraciones de bienes y propuestas de campaña, con un puntaje de riesgo visible antes de que el elector marque su opción. Ver el nombre de tu candidato favorito con un 9.2 sobre 10 en rojo es distinto a leer una nota periodística sobre sus cuestionamientos. El número no argumenta. Solo está ahí. La otra posibilidad es más radical: que el sistema asigne umbrales mínimos y quien no los pase simplemente no llegue a la lista.
Hay algo en esa imagen que inevitablemente recuerda a Black Mirror o a Minority Report, donde un sistema predice y descarta antes de que el humano decida. Lo inquietante es que no es tan descabellado como suena. Y eso, de alguna forma, es lo más perturbador.
Pero para que algo así exista, alguien tiene que construirlo, aprobarlo e implementarlo. Y ese alguien es, en casi todos los países de la región, exactamente el tipo de persona que no pasaría el filtro. No es un problema técnico. Es que el sistema que debería regular la entrada al poder está administrado por quienes ya entraron. Y ningún sistema diseña con entusiasmo las reglas que lo limitarían.
Y hay una pregunta que este artículo no puede resolver: ¿qué pasa con el derecho de un ciudadano a elegir al candidato que quiera, aunque ese candidato sea exactamente lo que el filtro descartó?
Ese derecho tiene nombre. Se llama democracia.
Y la democracia no prometió buenos resultados. Prometió que la decisión sería tuya.